Un contrato donde Reina la sospecha
Cali enfrenta un nuevo escándalo en la gestión técnica y financiera de su movilidad. La Secretaría de Movilidad Distrital firmó un contrato de contratación directa interadministrativa por la monumental cifra de $23.743.672.363 con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. (CDAV – ENRUTA), con el propósito de realizar la gerencia integral de los semáforos de la ciudad. Sin embargo, al observar con detenimiento los entresijos de esta adjudicación, los documentos oficiales revelan una intrincada telaraña de aparentes sobrecostos, planeación deficiente, tercerización descontrolada y conflictos éticos que encienden las alarmas sobre el manejo de los recursos de los caleños.
Un maratón exprés para gastar
Una de las mayores inquietudes es la insólita velocidad de ejecución presupuestal que se planteó. El contrato fue suscrito el 23 de septiembre de 2026 con fecha de terminación estricta al 31 de diciembre del mismo año. Es decir, se pretende justificar y ejecutar más de $23.743 millones en el estrecho lapso de 90 días calendario. Esta carrera contra el tiempo configura lo que internamente se ha advertido como una posible intención de «amarrar» el presupuesto antes del cierre de la vigencia fiscal, sacrificando por completo el principio de planeación contractual. Para agravar el panorama, el valor inicialmente contemplado como techo presupuestal en los estudios previos era de $23.200 millones, pero sin mayor sustento estructural, la cifra final del CDP y del contrato se infló inexplicablemente a $23.743 millones.
Tercerización a la carta y sin Dios ni Ley
Se ha evidenciado de manera contundente que el CDAV carece del personal idóneo en planta, como ingenieros de tránsito, y no posee la experiencia específica demostrable para gestionar por sí mismo una red semafórica de esta complejidad. Lejos de ser un verdadero operador, el CDAV actuaría como un simple canalizador que entregará las labores críticas y de despliegue en campo a subcontratistas externos y aliados estratégicos. A pesar de las serias advertencias y recomendaciones formuladas por el Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP), la Secretaría de Movilidad decidió otorgarle a ENRUTA la facultad de subcontratar a terceros de manera directa sobre una bolsa gigantesca de recursos, rechazando la exigencia de solicitar autorización previa y motivada a la supervisión del Distrito.
¿Doble cobro y peajes administrativos?
La estructura económica de este cuestionado acuerdo parece diseñada para exprimir cada peso. El contrato le reconoce al CDAV el pago de $616 millones como costo directo exclusivo para el ítem de «Gerencia Semafórica», pero simultáneamente le liquida y asegura a la entidad una comisión del 7,38% por administración delegada (equivalente a $1.632 millones) calculada sobre la totalidad de los recursos, lo cual engloba incluso ese mismo servicio de gerencia. Cobrar una multimillonaria comisión por administrar el costo de su propia administración es visto, a todas luces, como un doble cobro y un detrimento patrimonial manifiesto. Además, más del 93% del valor total del contrato se destinará a una «bolsa de monto agotable» para intervenciones y adquisición física de repuestos, lo cual desnaturaliza la figura jurídica de gerencia interadministrativa empleada, haciéndola lucir como una fachada para evadir una licitación pública de obra y suministro.
Semáforos fantasmas y una grave evasión tecnológica
Las improvisaciones técnicas bordean lo absurdo. En los estudios se reporta una línea base de 523 intersecciones semaforizadas, pero dependiendo del documento que se mire, la cifra de controladores fluctúa de manera extraña entre 373 y 483 equipos. Esta alarmante disparidad abre la peligrosa puerta a que la Alcaldía termine pagando costosos mantenimientos sobre infraestructura inexistente o «semáforos fantasmas». Por otro lado, la Secretaría de Movilidad comprometió miles de millones en plataformas de software e integraciones de telecomunicaciones omitiendo por completo el trámite obligatorio de obtener el concepto favorable y la viabilidad de Arquitectura Empresarial por parte del Departamento Administrativo de Tecnologías de Información (DATIC), saltándose las normativas de Gobernanza Digital de la ciudad (Decreto Distrital 0344 de 2023). Sumado a ello, los famosos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) carecen de fórmulas claras de descuento, y sus cláusulas punitivas permiten multas del 0,5% diario sin ningún tope máximo acumulado, amenazando la viabilidad misma de las garantías pactadas.
Todo queda entre los pliegues de la familia…
Más allá de los evidentes vacíos financieros y técnicos, envuelve a este negocio un aura de presunto favoritismo que resulta imposible de ocultar. Existe un inquietante y oscuro espejo entre quienes estructuran las necesidades y evalúan la viabilidad técnica desde los escritorios de la Secretaría de Movilidad, y quienes diseñan y dirigen operativamente la propuesta desde las oficinas del ente contratista. Las advertencias de múltiples veedores apuntan a que la objetividad se habría extraviado en el propio árbol genealógico, configurando un potencial y muy estrecho conflicto de intereses. Los lazos de consanguinidad parecen tender un puente directo, asegurando que las millonarias aprobaciones queden custodiadas celosamente por el mismo núcleo familiar que lidera la operación técnica del proyecto. ¿Se puede garantizar pulcritud, independencia y transparencia cuando un jugoso negocio de más de $23.000 millones pareciera tramitarse, estructurarse y celebrarse como si se tratara de una apacible cena de domingo en familia?
Este punto, será objeto de un nuevo reportaje.